Reglas ocultas: el Concello de Lugo elimina los criterios para denegar fraccionamientos y aplazamientos
Bajo la apariencia de una mera actualización normativa, el Concello de Lugo ha introducido cambios significativos en su Ordenanza Fiscal General, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 4 de octubre. La reforma, que afecta a los artículos 41 al 46, regula el aplazamiento y fraccionamiento de deudas con la administración local. Sin embargo, un análisis detallado revela un giro hacia un modelo que prioriza la recaudación con garantías casi bancarias, dejando en un segundo plano su función de servicio público y generando opacidad en los criterios de denegación.
La esencia de la modificación podría resumirse en una pregunta: ¿está el Concello actuando como un servicio público que comprende las dificultades de sus contribuyentes, o como una entidad financiera que busca maximizar el cobro y minimizar su riesgo?
El espíritu recaudatorio: intereses y garantías ampliadas
Uno de los cambios más sustanciales se encuentra en el artículo 41. Mientras la versión anterior imponía intereses de demora solo a las cantidades aplazadas, la nueva norma los extiende explícitamente también a las fraccionadas. Esta ampliación, aunque sutil en la redacción, tiene un impacto directo en el bolsillo del ciudadano que solicite pagar a plazos, impregnando el procedimiento de un «espíritu recaudatorio» desde el inicio.
Este enfoque se consolida en el artículo 43, que ahora incorpora la obligatoriedad de presentar garantías para avalar los pagos fraccionados, una condición de la que solía estar exento. Para una administración que ya cuenta con potentes herramientas legales de coerción y recaudación, como la vía ejecutiva, esta exigencia de garantías resulta, cuanto menos, «extraña». Se trata de una medida más propia de una concesión de crédito bancario que de una facilitación administrativa.
Falta de transparencia: el núcleo de la controversia
Si la ampliación de los intereses y las garantías es significativa, la opacidad introducida en los criterios de denegación es, posiblemente, el cambio más preocupante.
La antigua ordenanza (art. 44) era clara y específica. Detallaba taxativamente los supuestos que conducían a la denegación de una solicitud: las mal fundadas que solo buscan dilatar el pago, las presentadas por morosos que ya habían incumplido un aplazamiento anterior, o aquellas en las que el contribuyente tenía otras deudas pendientes con el Concello.
La nueva ordenanza, sin embargo, ha eliminado por completo este listado. Ahora, la decisión de denegar o aprobar un aplazamiento queda enteramente en manos de la evaluación de la Tesorería y del órgano competente, sin las restricciones y directrices explícitas de la norma anterior.
Esta omisión plantea un serio problema de seguridad jurídica y transparencia. ¿En base a qué se denegará una solicitud? La falta de criterios públicos y objetivos abre la puerta a que la resolución dependa más de criterios personales o discrecionales de los responsables que de una base legal clara y previsible. Se pasa de un sistema con reglas del juego conocidas a uno donde el contribuyente se enfrenta a una caja negra decisoria.
Si bien se mantiene (en el artículo 42) la denegación automática para quienes hayan incumplido un aplazamiento en los últimos dos años –un requisito ahora acotado en el tiempo–, la desaparición de los demás criterios deja un vacío que todo apunta a una falta de transparencia.
¿Facilitación o barrera?
En conjunto, la reforma de la Ordenanza Fiscal del Concello de Lugo pinta un panorama más complejo para el contribuyente con dificultades. Por un lado, se encarece y se endurecen las condiciones para fraccionar las deudas mediante intereses y garantías. Por otro, se elimina la claridad sobre por qué pueden ser denegadas estas solicitudes, lo que podría generar desconfianza y la percepción de un trato desigual.
La administración local tiene, sin duda, el derecho y el deber de garantizar la recaudación. Pero cuando las herramientas diseñadas para facilitar el pago se cargan de un espíritu financiero y dejan de ser transparentes, es legítimo preguntarse si el Concello de Lugo está priorizando su papel de cobrador frente a su vocación de servicio público.