La controversia surge por una factura del evento Lugo Máxico, que el alcalde Miguel Fernández se niega a pagar, rectificando una orden de pago previa de su socio de gobierno, Rubén Arroxo
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lugo, formado por el PSOE y el BNG, se ve sacudido por una grave crisis interna que el Partido Popular no ha dudado en sacar a la luz. El grupo popular ha denunciado este jueves la firma de un decreto por parte del alcalde, Miguel Fernández (PSOE), que señala a su propio socio de gobierno, el concejal Rubén Arroxo (BNG), como presunto malversador de caudales públicos en relación con una factura del evento Lugo Máxico 2025.
El origen del conflicto se remonta al 14 de octubre, cuando Rubén Arroxo, ejerciendo como alcalde en funciones, firmó un decreto aprobando el pago de una factura para el Lugo Máxico. Sin embargo, ayer, 5 de noviembre, el alcalde titular, Miguel Fernández, firmó un nuevo decreto rectificando el anterior y negándose a abonar la factura. El edil socialista argumenta en el documento que la factura “no cumple los requisitos para su tramitación y pago, puesto que no está acreditada la realización del servicio”.
La acusación del Partido Popular
En una rueda de prensa celebrada hoy, la portavoz del Grupo Popular manifestó que con este hecho «ya hemos cruzado una línea roja». Los populares vienen denunciando desde hace tiempo una «desconfianza» en el pacto de gobierno, que atribuyen a las «ausencias estratégicas» del alcalde para evitar firmar facturas con «reparos» de las áreas gestionadas por el BNG.
«Nosotros ya hemos criticado con anterioridad la ausencia durante horas del alcalde para dar un cheque en blanco a Arroxo para que firmase facturas con reparos. Esto supone una estafa a los lucenses», afirmó la portavoz.
La contradicción de los decretos: ¿Quién dice la verdad?
La denuncia del PP se sustenta en una aparente y grave contradicción entre los dos decretos. Mientras el firmado por el alcalde Fernández ayer afirma que no existe acreditación del servicio, el decreto original de Arroxo, del 14 de octubre, indica en su página 3 que las facturas “están acreditadas teniendo en cuenta la conformidad prestada por las Concejalías delegadas y los servicios técnicos municipales (…) corroborando así la efectiva ejecución de los servicios”.
Ante esta discrepancia documental, el PP lanza una pregunta directa y carga las tintas: «Uno de los dos falta a la verdad». Desde el partido popular se plantean dos escenarios posibles:
- Que mienta Rubén Arroxo: En cuyo caso exigen al alcalde que «lo cese de sus responsabilidades de manera inmediata».
- Que miente el alcalde: Acusando a Miguel Fernández de «simular una operación de falsa fiscalización» para desacreditar a su socio. En este caso, defienden que Arroxo debería exigir que se pague al proveedor.
Posibles consecuencias legales
El PP ha incorporado a su denuncia un análisis jurídico, citando que, según consultas realizadas a sistemas de Inteligencia Artificial, «el pago por servicio no prestado desde una administración constituye una irregularidad administrativa grave». Dicho análisis añade que, de existir intención o conocimiento del carácter indebido del pago, la conducta «puede encuadrarse en el tipo penal de malversación de caudales públicos, conforme a lo previsto en el artículo 432 y siguientes del Código Penal».
La portavoz popular también recordó las «dificultades y barreras» que, según su relato, han encontrado para fiscalizar el proyecto del Lugo Máxico desde que el BNG «rompió de forma unilateral con la trayectoria de este evento».
Ante esta situación, el Partido Popular ha exigido «explicaciones urgentes» al equipo de gobierno sobre lo que califican como «un hecho muy grave», poniendo en evidencia la profunda fractura en el pacto que sustenta el Ayuntamiento de Lugo y sembrando dudas sobre la gestión económica de un evento de capital importancia para la ciudad.