La Intervención Municipal paraliza pagos masivos por una contratación irregular, ausencia de licitación y prórrogas tácitas, mientras el alcalde asume en solitario la responsabilidad patrimonial ante unos hechos recurrentes
La situación financiera del Concello de Lugo atraviesa una de sus etapas más críticas. La Intervención Municipal ha emitido en apenas 72 horas tres reparos suspensivos que paralizan el pago de facturas por un importe conjunto que supera los 700.000 euros de dinero público. Los informes, a los que ha tenido acceso este diario, revelan un patrón alarmante y recurrente de gestión que vulnera la legalidad vigente.
Los reparos, identificados como los números 63-2025, 65-2025 y 66-2025, y firmados por el interventor general entre el 17 y el 19 de septiembre, dejan al descubierto la magnitud del problema:
- Reparo 63-2025: 385.230,79 €
- Reparo 65-2025: 1.650,00 €
- Reparo 66-2025: 335.710,36 €
Un manual de irregularidades
Los informes técnicos detallan una serie de prácticas graves y sistemáticas que justifican la paralización de los pagos:
- Omisión de licitación: En numerosos casos no consta expediente de licitación alguno, o se exceden de forma flagrante los límites cuantitativos y temporales de los contratos menores, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Prórrogas tácitas ilegales: Se detectan contratos que han sido prorrogados de forma automática una vez finalizados, careciendo de toda cobertura jurídica.
- Incumplimiento de la normativa gallega: Se omite sistemáticamente el procedimiento de licitación para contratos menores, recogido en un Acuerdo de la Xunta de Galicia.
El alcalde, en la mirilla de la responsabilidad patrimonial
La ley es contundente en estos casos. Según la normativa de régimen local, cuando se emite un reparo suspensivo, solo el alcalde puede levantar la objeción mediante un decreto motivado. La decisión conlleva una enorme responsabilidad: si el regidor, Miguel Fernández, ordena el pago contra el criterio técnico y vinculante del interventor, asume personalmente la responsabilidad patrimonial y disciplinaria. En caso de que el gasto sea impugnado judicialmente, podría ser el propia alcalde quien deba responder con su patrimonio personal.
Un patrón recurrente
La actual crisis no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de una gestión cuestionable que se arrastra desde hace años. En 2024 y principios de 2025 ya se acumularon reparos por idénticos motivos, afectando a servicios clave como la grúa municipal, contratos de monitores deportivos o eventos culturales que se adjudicaron sin el concurso público preceptivo.
Como recuerda el propio interventor en sus informes, citando la Ley de Empleo Público de Galicia, quien con su “actuación irregular” convierta una relación temporal en indefinida o cree empleo público sin oposición “incurrirá en responsabilidad”. El “no conforme” de los interventores ha sonado como una alarma que ahora sitúa al primer edil ante una disyuntiva de enormes consecuencias.