16/04/2026

La Diputación del PSOE y el BNG, condenada por dejar tirados a los mayores de Becerreá: ni a un exdiputado socialista le cumplen los plazos

El TSXGJ estima el recurso del Concello, gobernado por un exdiputado socialista, y obliga al bipartito PSOE-BNG a abrir de inmediato el centro de mayores tras años de promesas incumplidas

La Diputación que desatiende a sus propios alcaldes: un gobierno de coalición paralizado

La Diputación Provincial de Lugo, gobernada por el bipartito formado por PSOE y BNG, ha vuelto a recibir un duro revés judicial que evidencia su pésima gestión y su absoluta desidia hacia los ayuntamientos de la provincia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la institución provincial por “inactividad administrativa” al no haber abierto una residencia de mayores y centro de día en el municipio de Becerreá, pese a haber vencido el plazo pactado hace ya más de un año.

Lo más llamativo del caso es que el Concello demandante está gobernado por Manuel Martínez, un exdiputado socialista en el Congreso durante las legislaturas III y IV, y antiguo militante del mismo partido que hoy lidera la Diputación. Es decir, la coalición provincial ha desatendido a un antiguo compañero, dejando a su suerte a un municipio que confió en los compromisos del bipartito.

Un problema que afecta a los más vulnerables: los mayores

El asunto no es menor. En juego está el bienestar de la población más sensible de Becerreá: sus personas mayores. El Concello aportó gratuitamente una parcela de terreno y 30.000 euros, mientras que la Diputación se comprometió a construir y poner en marcha una residencia de 96 plazas y un centro de día con 40 plazas. El plazo límite para la apertura era el 19 de diciembre de 2023, pero a día de hoy las instalaciones permanecen cerradas, pese a que las obras finalizaron en marzo de 2022.

La paciencia de los vecinos se agotó. Reunieron 2.700 firmas y llegaron a simular un funeral como protesta simbólica en febrero de 2024. El alcalde, Manuel Martínez, llevó el caso a los tribunales después de que la Diputación ni siquiera incluyera en sus presupuestos de 2024 una partida de 1,5 millones de euros para finalizar equipamientos básicos como la cocina o el centro de transformación eléctrica.

La defensa de la Diputación: excusas técnicas y burocracia sin resultados

Frente a la demanda, el bipartito provincial esgrimió argumentos que el tribunal ha calificado como improcedentes. Alegó complejidad técnica, falta de experiencia en un centro de estas dimensiones, la pandemia, escasez de materiales e incluso demoras de la compañía eléctrica. Para justificarse, presentó un expediente de 61 documentos con trámites y dictámenes. Pero el TSXG fue contundente:

“Actividad burocrática no es actividad material. La Diputación no acreditó fuerza mayor ni causas externas justificadas. Si el proyecto era insuficiente, debió subsanarlo antes de fijar los plazos.”

El tribunal también recordó que la demora de terceros no exime a la Diputación de su deber de impulso de oficio. Y criticó especialmente que la adquisición de mobiliario no se hubiera previsto simultáneamente a la obra.

Sentencia firme: condena a la Diputación y le impone costas

El fallo, que no admite excusas, estima íntegramente el recurso del Concello de Becerreá, declara la inactividad de la Diputación y la condena a la apertura y puesta en funcionamiento inmediata de la residencia y el centro de día. Además, la institución provincial deberá pagar las costas procesales.

La sentencia envía un mensaje claro: los convenios interadministrativos vinculan, y el bipartito PSOE-BNG no puede esconderse tras informes o retrasos ajenos para incumplir sus obligaciones con los ayuntamientos y, sobre todo, con los ciudadanos más vulnerables.

Conclusión: una gestión provinciana y desleal

Mientras el alcalde de Becerreá –ex socialista– ha cumplido con su parte, la Diputación que gobierna su propio partido en coalición con el BNG ha demostrado una alarmante incapacidad de gestión. Los mayores de la provincia de Lugo merecen más que promesas vacías y expedientes abultados. Y los ayuntamientos, más que un gobierno provincial que los ignora hasta que los tribunales les dan la razón.

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