El nombramiento del hijo del regidor lucense como habilitado nacional, blindado con informes de urgencia, deja en evidencia una operación de manual para garantizar el futuro político de los implicados, con Burela como plató de fondo
En el tablero político provincial de Lugo ha irrumpido una pieza que, lejos de pasar desapercibida, dibuja un triángulo perfecto de poder e intereses familiares. La reciente incorporación del hijo del alcalde de Lugo como funcionario habilitado nacional en la Diputación Provincial, bajo el paraguas de la presidenta y también alcaldesa de Burela, ha desatado todas las alarmas. Lo que desde el Palacio de San Marcos se vende como un trámite legal, urgente y necesario, huele, para muchos, a una operación de puerta giratoria diseñada a medida.
Lejos de aplacar las sospechas, el comunicado oficial de la Diputación ha actuado como un boomerang: cuanta más justificación esgrime, más evidencia su fragilidad. Como ya advertían los romanos: “excusatio non petita, acusatio manifesta” (excusa no pedida, acusación manifiesta).
El triángulo de poder: un baile de sillas con final previsto
El esquema es diáfano. El hijo del alcalde de Lugo era funcionario con destino en Burela, un municipio gobernado por la actual presidenta de la Diputación. Ahora, este funcionario es «ascendido» a la entidad provincial. Pero la jugada maestra está en la cláusula de retorno: su puesto en Burela queda en comisión de servicios con reserva de plaza, es decir, con la puerta abierta para volver.
¿Y qué dicen las encuestas? Que la actual presidenta podría perder la Diputación en las próximas elecciones. Sin embargo, el BNG (socio de gobierno) le garantizaría seguir como alcaldesa en Burela. En ese escenario, tanto ella como el hijo del alcalde de Lugo podrían regresar al ayuntamiento burelés, con un secretario de confianza ya entrenado y una alcaldesa que lo respalda. No es nepotismo, es previsión estratégica de manual.
Desmontando el decálogo de excusas de la Diputación
La Diputación emitió un comunicado con seis puntos que, bajo una falsa pátina de transparencia, esconden más sombras que luces. Analicemos sus argumentos.
1. «La Xunta lo autorizó». Una excusa de trámite.
Decir que el nombramiento fue autorizado por la Xunta de Galicia (Resolución NCS-2026-008) no es una justificación, es un trámite obligatorio. Que un órgano administrativo valide un expediente no significa que sea ético o que no esconda una operación de favor. La ley se puede cumplir al pie de la letra y seguir siendo inmoral. Además, el PP tiene razón en algo: si el procedimiento fue público, ¿por qué solo se presentó un candidato?
2. «El Reglamento de 2009 lo permite». Reducción interesada.
La Diputación acusa al PP de «reducir deliberadamente el marco legal» al citar solo el Real Decreto 128/2018. Pero la Diputación comete el mismo error: cita los artículos 47 a 49 de su propio reglamento de 2009 para justificar que no hay límite de población. Sin embargo, omite que el artículo 55 del RD 128/2018 sí establece limitaciones y prioridades. Traer un habilitado desde un municipio como Burela (que no es pequeño, supera los 5.000 habitantes) para funciones que podía cubrir cualquier otro profesional de la provincia no es una necesidad, es un capricho.
3. «Urgencia real y crónica». Un problema estructural usado como coartada.
La Diputación señala que 55 de los 67 concellos tienen menos de 5.000 habitantes y que faltan habilitados. Es cierto, el problema existe. Pero Burela no es uno de esos concellos pequeños. ¿Por qué buscar precisamente allí al habilitado? La «urgencia» se antoja fabricada. Si el Servicio de Asistencia a los Concellos necesitaba dos plazas más, lo lógico es hacer una oferta pública de comisiones de servicio, no pescar en un ayuntamiento concreto gobernado por la presidenta.
4. «La comisión en Burela es temporal y la pidió el Concello». Aquí está la trampa.
La Diputación dice que, al marcharse el funcionario, Burela se quedó sin secretario titular, por lo que la alcaldesa (que es la misma presidenta) pidió ayuda urgente a la Diputación. Es decir: la presidenta se quita a un funcionario de su ayuntamiento para traerlo a la Diputación, y luego pide a la propia Diputación que le mande un sustituto temporal. Es el perro que se muerde la cola.
5. La denegación de la prórroga a la funcionaria «sacrificada». Caso no cerrado.
La Diputación reconoce que se denegó la prórroga de servicio activo a una funcionaria, pero lo califica de «discrecionalidad legal». Lo que no dice es que esa funcionaria era la que ocupaba el puesto que ahora deja libre el hijo del alcalde. Y que la afectada ya ha impugnado la decisión ante los tribunales. No es casualidad: se ha forzado una vacante para justificar la llegada del «habilitado de confianza». La Diputación dice que esa denegación fue anterior a la nueva presidenta, pero la operación de engrase de la maquinaria lleva tiempo.
6. «La filiación no es excluyente». Verdad a medias.
Cierto que ser hijo de un alcalde no es motivo legal para excluir a nadie. Pero tampoco debe ser un favor. La Diputación apela al artículo 14 de la Constitución (no discriminación) pero olvida el artículo 23.2 (acceso a cargos públicos con mérito y capacidad). Si la oposición es libre y estatal, magnífico. Pero lo que está en cuestión no es su capacidad, sino el procedimiento de elección: ¿por qué él? ¿Por qué desde Burela? ¿Por qué con retorno garantizado? La pregunta no es si es buen profesional, sino si es el único o el más adecuado para una plaza que no debería estar diseñada a medida de nadie.
El juzgado tendrá la última palabra, pero la política tiene otros tiempos
La Diputación cierra su comunicado con un farragoso alegato de legalidad. Pero la legalidad no es ética, y la forma no es fondo. Este asunto tiene todos los ingredientes para terminar en los tribunales: la funcionaria a la que se denegó la prórroga ya ha impugnado, y cualquier ciudadano o grupo político podría pedir la nulidad del nombramiento por desviación de poder.
Mientras tanto, el mapa dibujado es inquietante: un alcalde (padre), una presidenta (alcaldesa de Burela) y un habilitado (hijo) entrelazados en una danza de comisiones de servicio, plazas reservadas y futuros electorales. Si las encuestas aciertan y la presidenta pierde la Diputación, el hijo del alcalde y ella podrán refugiarse en Burela, con el BNG como escudo. Y el puesto de habilitado, que debía ser un puesto técnico y neutral, se habrá convertido en la llave de una operación política perfecta. Solo que, esta vez, se ha escrito con mayúsculas: puerta giratoria.