La reasignación de fondos del Capítulo I para hinchar un contrato externo de Inspección Tributaria se produce apenas semanas después de aprobar el presupuesto
Apenas unas semanas después de que el equipo de gobierno presumiera de unas «cuentas estrella», la realidad presupuestaria se impone con crudeza. A finales del mes pasado se aprobaba con bombo y platillos el presupuesto municipal; hoy, ya se tramita una modificación que desnuda una contradicción de fondo: se debilitan los recursos humanos propios para engordar un contrato con una empresa privada.
El plazo entre la aprobación inicial y esta modificación resulta sorprendentemente breve. Un intervalo de tiempo que por sí mismo ya cuestiona la seriedad de la planificación financiera municipal y que los técnicos consultados califican como «inusual» en la gestión presupuestaria local.
Una operación financiera singular
La modificación aprobada retira 80.000 euros del Capítulo I, el destinado a las nóminas de los funcionarios, específicamente del programa de Inspección Tributaria. El destino de ese dinero no es otro que incrementar la partida del contrato externalizado que ya realiza una empresa privada para labores de inspección.
El contrato original se eleva ahora en 232.925 euros; de ellos, 80.000 se abonarán este mismo ejercicio, y el resto queda comprometido para anualidades futuras.
En resumen: los contribuyentes pagan dos veces. Una, para mantener unos salarios de funcionarios que, en teoría, deberían realizar esa inspección; y otra, para abonar a una mercantil un servicio que aquellos ya cubren. O más exactamente, aquí se deja de pagar a los primeros para pagar a la segunda.
Un incremento del 50%: el límite legal que alerta a los expertos
El aspecto más llamativo de esta modificación es su magnitud. El incremento de la partida alcanza el 50% del contrato original, llegando al límite que fija el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público para modificaciones sin necesidad de una nueva licitación.
Este dato no es baladí. Alcanzar exactamente el tope permitido por la ley sin superarlo es un síntoma, como mínimo, de mala planificación. Pero para expertos en contratación pública consultados por este periódico, también puede ser indicativo de «una voluntad de amarrar un sobrecoste significativo sin abrir un nuevo proceso competitivo».
Un incremento del 50% en un contrato público en tan poco tiempo desde su adjudicación es, cuanto menos, extraordinario. Las modificaciones de esta magnitud suelen responder a errores de cálculo en los pliegos o a una deliberada infravaloración inicial del precio para hacer más atractiva la oferta a determinadas empresas, sabiendo que después se podría recurrir a este tipo de modificaciones.
La coartada de la «imprevisibilidad»
La causa alegada por el equipo de gobierno es tan vaga como preocupante: «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación que provocaron una complejidad inesperada en el cálculo del precio del contrato». Una justificación que invita al escepticismo.
¿Qué complejidad puede ser tan imprevisible que obligue a desviar fondos de salarios apenas un mes después de cerrar las cuentas? ¿Acaso las bases de la licitación no contemplaban los estándares técnicos habituales en inspección tributaria? ¿O es que la empresa adjudicataria no tuvo capacidad para evaluar correctamente el alcance del trabajo al presentar su oferta?
La opacidad sobre las causas reales de esta modificación es total. El equipo de gobierno no ha presentado informes técnicos desglosados que expliquen con detalle qué ha cambiado tan drásticamente en el objeto del contrato como para justificar un incremento del 50%.
Dudas razonables sobre el proceso de licitación
El alto incremento, unido al brevísimo plazo entre la aprobación presupuestaria y la modificación, y el hecho de que los recursos salgan de las nóminas de los propios inspectores municipales, configura un escenario que alimenta las sospechas sobre la limpieza del proceso de licitación.
Las preguntas que deberían responder los responsables políticos son numerosas:
- ¿Se infravaloró deliberadamente el precio del contrato en la licitación inicial para favorecer a una empresa concreta?
- ¿Existe algún informe técnico que acredite la «imprevisibilidad» alegada?
- ¿Por qué no se ha optado por reforzar con esos 80.000 euros la plantilla de funcionarios en lugar de externalizar?
- ¿Qué empresa es la beneficiada con este incremento del 50%?
Un mensaje demoledor para los funcionarios
Hay una lectura política ineludible en esta decisión. A los funcionarios municipales (funcionarios de carrera, con oposición, estabilidad y formación especializada) se les está diciendo que su trabajo puede ser sustituido —o al menos complementado— por el de una empresa externa, y que sus nóminas son una «variable de ajuste» presupuestario.
No se ha optado por un refuerzo puntual del personal público; se ha optado por vaciar su partida para pagar a un tercero. El mensaje es claro: la externalización prima sobre el fortalecimiento de los servicios públicos.
La pregunta que deberían hacerse las centrales sindicales es evidente: si la inspección tributaria es tan compleja que requiere un sobrecoste del 50%, ¿por qué no se invierte ese dinero en consolidar una plantilla pública especializada y bien remunerada, en lugar de alimentar un contrato privado que, en el fondo, está realizando labores que son propias de la Administración?
Además, el precedente es peligroso. Ahora es Inspección Tributaria; mañana podría ser cualquier otro servicio público esencial. La administración local se va vaciando de funcionarios y llenando de facturas externas, mientras se diluye la rendición de cuentas y la experiencia técnica acumulada.
Que un presupuesto recién estrenado necesite ya una modificación de calado no es señal de solvencia, sino de urgencia mal gestionada. Y que esa modificación consista en recortar sueldos públicos para abonar un sobrecoste privado que alcanza el límite legal permitido bordea la incoherencia política y la temeridad técnica.