La alcaldesa supervisó esta semana el avance de la instalación de las cámaras que controlarán el acceso a la ZBE, cuya ejecución se está llevando a cabo según el calendario previsto para que toda la infraestructura esté operativa antes del 30 de septiembre
La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, y la concejala de Participación y Servicios a la Vecindad, Mar Carballas, mantuvieron esta semana una reunión de seguimiento con el director de TEVA S.L., Raúl García Platas, empresa adjudicataria del contrato para el suministro e instalación del sistema de cámaras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Durante el encuentro, la empresa confirmó que ya se han iniciado los trabajos y trasladó al Concello su compromiso de cumplir con el plazo de ejecución previsto, de manera que la instalación esté finalizada a finales del mes de agosto. La actuación, con una inversión de 703.822 euros, continúa avanzando según el calendario establecido para dotar a la ciudad de la infraestructura tecnológica necesaria para la puesta en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones.
La colocación de estos dispositivos es una actuación imprescindible para la implantación de la ZBE. El contrato incluye tanto el hardware necesario —cámaras, sensores, paneles informativos dinámicos, servidores, equipos y otros dispositivos tecnológicos— como el software de control y monitorización encargado de recoger y gestionar los datos de las matrículas captadas por los distintos sistemas.
En este contexto, el gobierno local informó que llevará al pleno ordinario de este mes de julio la ordenanza reguladora de la circulación en el casco histórico como Zona de Bajas Emisiones. Su aprobación permitirá culminar la implantación de la ZBE en cumplimiento de la normativa europea, que establece este tipo de zonas para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, antes del 30 de septiembre de este año, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del aire y a la reducción de las emisiones contaminantes.
Sin embargo, el gobierno local decidió incorporar al texto un período de adaptación de un año. Durante ese tiempo, el Concello centrará sus esfuerzos en informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones, facilitando que vecinos y visitantes puedan familiarizarse con la nueva regulación. De este modo, las multas y sanciones no se aplicarán de forma efectiva hasta que transcurra ese año de margen, en el que se priorizará la comunicación y la concienciación ambiental frente a la vía sancionadora.
La regidora lucense destacó que «Lugo avanza hacia un modelo de ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, pero lo hace con la sensibilidad que merecen nuestros vecinos. Este período de adaptación es una herramienta fundamental para que la transición sea lo más suave posible y para que nadie se quede sin información sobre cómo afecta esta nueva ordenanza».
Por su parte, la concejala Mar Carballas subrayó que «el éxito de la ZBE no está solo en la tecnología, sino en la implicación ciudadana. Por eso, durante los próximos doce meses se pondrán en marcha campañas informativas, puntos de atención personal y materiales divulgativos para explicar con claridad quién puede acceder, con qué requisitos y cuáles son las alternativas de movilidad».
La ordenanza, que se votará en el pleno de este mes de julio, establecerá las restricciones de acceso al casco histórico en función de las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico, así como las excepciones para residentes, servicios de urgencia, vehículos de carga y descarga o personas con movilidad reducida. Una vez aprobada, el texto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor formalmente, aunque, gracias al período de carencia, su aplicación efectiva no será inmediata.
Los trabajos de instalación de las cámaras, que se están desarrollando sin incidencias, permitirán que todo el sistema esté operativo antes del 30 de septiembre, tal como exige la legislación europea. Sin embargo, durante este primer año, el sistema funcionará en modo informativo y registrará los accesos sin generar sanciones, lo que permitirá al Concello ajustar posibles errores y recoger datos reales de movilidad para perfeccionar la gestión de la zona.
Con esta medida, Lugo se suma a la tendencia de las grandes ciudades españolas que ya tienen en marcha su ZBE, pero lo hace con un enfoque progresista y pedagógico, buscando el equilibrio entre el cumplimiento normativo y la aceptación social. El gobierno local confía en que este año de transición sea clave para convertir el casco histórico en un espacio más habitable, con menos ruido y con un aire más limpio, sin que los ciudadanos se sientan desbordados por la nueva regulación.