El Gobierno local decreta el cierre temporal tras la presión vecinal y del PP, que advierte: «vamos hasta la revocación de la licencia»
La presión vecinal y el trabajo de oposición han dado sus primeros frutos. El gobierno local se vio finalmente obligado a actuar decretando el cierre temporal del polémico local de la calle Tui, conocido por funcionar como un ‘after’ y ser el epicentro de un conflicto de convivencia que llevó al vecindario de A Milagrosa a movilizarse como nunca antes se recordaba. Sin embargo, la medida, lejos de ser celebrada como una victoria definitiva, fue calificada de insuficiente por quienes durante meses denunciaron la situación.
La decisión del Ejecutivo local, que implica un cierre de 47 días, llega después de una larga lucha en la que las firmas de los residentes se convirtieron en el arma más poderosa. «Cada una de las 1.500 firmas recogidas en A Milagrosa para reclamar más seguridad en el barrio contó», señalan fuentes del Grupo Popular, que lideró la recogida y actuó como portavoz de las demandas vecinales. El PP recuerda que la movilización fue constante: desde la primera exigencia de actuación el pasado 7 de julio, pasando por la entrega de las firmas el 12 de septiembre, hasta la última rueda de prensa del pasado 1 de marzo. «Cada comparecencia pública, cada denuncia y cada exigencia sirvió para que hoy el gobierno diera este paso», añaden.
Un problema de fondo que no se resuelve con 47 días
El cierre temporal, aunque valorado como una consecuencia de las reiteradas denuncias, es visto como una solución claramente insuficiente. El vecindario lleva años soportando ruidos, alborotos y problemas de seguridad derivados de la actividad del local, que supuestamente superaba el aforo permitido e incumplía las condiciones de su licencia de forma sistemática.
«Hablamos de un problema reiterado que afecta a la convivencia, al descanso y a la seguridad de un barrio. Un cierre de 47 días no resuelve de fondo una situación que lleva años generando preocupación», critican desde la oposición. Para muchos residentes, la medida sabe a poco. «Es casi una burla para quien lleva años soportando esta situación», lamentan, incidiendo en que la respuesta del gobierno llega tarde y de forma limitada.
Reincidencia y margen legal: La exigencia de la clausura definitiva
La clave de bóveda del argumentario para ir más allá se basa en la constatación de una «reincidencia y reiteración» de faltas. Los hechos están documentados en actas policiales con fecha del 29 de junio de 2025 y en numerosos informes posteriores. El PP denuncia una demora injustificada en la tramitación del expediente, que no se inició hasta el 28 de octubre, y advierte de un posible error estratégico: «la agrupación de distintas intervenciones en sólo dos expedientes podría tener consecuencias jurídicas directas a la hora de apreciar la reincidencia».