La petición de una base de la UME y la desventaja estratégica del noroeste: la comunidad, asolada por 673 incendios y 120.000 hectáreas calcinadas, exige al Gobierno central un despliegue permanente de medios militares ante la vulnerabilidad demostrada
El verano de 2025 ha dejado en Galicia una cicatriz profunda y humeante. El mes de agosto se saldó con una de las peores olas de incendios forestales de la historia reciente de la comunidad, cuyos datos, aportados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, arrojan una dimensión aterradora del desastre: 673 siniestros que devoraron aproximadamente 120.000 hectáreas, una superficie comparable a la de toda la provincia de A Coruña. Del total calcinado, el 69% fue monte raso y el 31% bosque arbolado, un balance que evidencia la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas gallegos ante el cambio climático y la acumulación de biomasa inflamable.
Frente a esta catástrofe, el presidente Rueda ha anunciado un paquete de medidas preventivas que incluyen la intensificación de los desbroces y la aplicación estricta de la ley gallega de incendios de 2007. Sin embargo, su apuesta más contundente y ambiciosa se dirige hacia Madrid: la petición formal al Gobierno central para establecer una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en suelo gallego, preferentemente en la provincia de Ourense, la más castigada por el fuego.
La distribución nacional: una red con claroscuros para el noroeste
La UME, el cuerpo de intervención rápida del Ejército para catástrofes, se articula en cinco bases principales distribuidas estratégicamente por la geografía española. La más grande y mejor equipada es la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que alberga el Cuartel General, el Regimiento de Apoyo (RAIEM) especializado en emergencias NBQR (Nuclear, Biológico, Químico y Radiológico) y la Agrupación de Medios Aéreos (AGRUMEDA), con aviones anfibios Canadair y helicópteros.
Le siguen la base de Morón (Sevilla), que da cobertura a Andalucía y cuenta con destacamentos en Canarias (Los Rodeos y Gando); la de Bétera (Valencia), con un batallón de helicópteros; y la de Zaragoza, especializada en emergencias en el valle del Ebro. Para el noroeste peninsular, la cobertura recae en la Base de San Andrés de Rabanedo, en León, que alberga el Batallón de Intervención en Emergencias V (BIEM V).
La BIEM V de León: la base más débil para la comunidad más castigada
Es aquí donde el análisis geostratégico revela la principal queja gallega. Mientras otras bases, como las de Torrejón, Morón o Bétera, disponen de acceso directo o cuentan con aeronaves adscritas, la base leonesa de la UME carece por completo de este componente aéreo. Su equipamiento se compone fundamentalmente de vehículos todoterreno y camiones adaptados para nevadas y emergencias en entornos rurales, dependiendo para cualquier actuación aérea de que los medios de AGRUMEDA sean desplazados desde Madrid, a más de 400 kilómetros de distancia.
Esta limitación supone una merma crítica en la capacidad de respuesta inicial, especialmente en incendios forestales, donde la velocidad de intervención es determinante. Un retraso de horas en la llegada de medios aéreos puede suponer la diferencia entre controlar un conato y enfrentarse a un megaincendio inabordable.
Una desventaja geográfica agravada por la dotación
La petición de Alfonso Rueda no es solo un capricho territorial, sino una demanda basada en una clara asimetría en la distribución de recursos de emergencia. Galicia, con una orografía abrupta y una masiva superficie forestal extremadamente inflamable en verano, queda en una situación de desventaja al depender de la base peor dotada de la red de la UME y más alejada de los grandes medios aéreos.
La propuesta de instalar una base en Ourense no solo acortaría drásticamente los tiempos de respuesta, sino que permitiría una especialización de los efectivos en la problemática específica del noroeste, además de servir como centro logístico para eventuales emergencias en el norte de Portugal. Mientras el debate se abre, Galicia afronta la temporada de riesgo con la amarga lección de un agosto devastador y la sensación de que, en la estrategia nacional de emergencias, juega con claras desventajas.