Ana Pontón exigió la cabeza de José Tomé y la de sus avalistas, pero ahora su partido está a punto de validar un gobierno provincial que depende de sus votos. La ética negociable del Bloque
El caso de la Diputación de Lugo ha desnudado la fractura entre el discurso y la praxis del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Lo que se presentó como una línea roja inquebrantable en materia de acoso sexual e integridad política se ha desdibujado en el altar de la conveniencia gubernamental, dejando al descubierto una contradicción que el Partido Popular aprovecha para cuestionar los fundamentos éticos del proyecto de Ana Pontón.
Hace apenas semanas, la líder del BNG era la voz más beligerante en el escándalo que salpicaba al PSOE lucense. Ante las acusaciones internas de acoso sexual contra José Tomé, entonces presidente de la Diputación, Pontón fue taxativa: exigió su dimisión y su apartamiento inmediato, pidió responsabilidades a la dirección socialista gallega –a José Ramón Gómez Besteiro y Lara Méndez– y amenazó con hacer caer el gobierno provincial bipartito si no se producía la renuncia. Era la encarnación de la “tolerancia cero”, un discurso firme que buscaba diferenciar al BNG como baluarte de un nuevo modo de hacer política.
La realidad, sin embargo, ha impuesto un giro descarnado. Tomé, suspendido de militancia y renunciado a la presidencia provincial pero manteniendo su acta de diputado no adscrito y su alcaldía en Monforte, se ha convertido en una pieza aritmética clave. Para investir a la nueva presidenta socialista, Carmela López, y para que el BNG conserve la vicepresidencia que ostenta Efrén Castro, los votos de Tomé y de Pilar García Porto –a quien los nacionalistas señalaron como “encubridora” por la gestión inicial del caso– no son solo útiles, sino decisivos.
El PP, con Antonio Ameijide y Elena Candia al frente, no ha dejado pasar la oportunidad. “Ana Pontón lleva semanas en un gobierno presidido por un presunto acosador y codirigido por una encubridora, y ahora falta saber si lo prorrogarán aceptando sus votos”, espetó Ameijide. La acusación es de hipocresía pura: haber levantado el estandarte del feminismo y la defensa de las víctimas para, acto seguido, sentarse a negociar –o al menos, a aceptar tácitamente– la perpetuación de un poder que depende de quienes personifican el problema.
Desde el BNG, la respuesta ha sido un ejercicio de ambigüedad estratégica. Insisten en su “tolerancia cero” y trasladan la pelota al tejado del PSdeG, al que exigen que presione a Tomé para que entregue su acta. Pero se niegan a aclarar explícitamente cómo votarán en el pleno de investidura del 14 de enero. En su lugar, apelan a la “responsabilidad” y al “interés general de Lugo”, eufemismos que en la práctica significan una cosa: la prioridad es mantener el gobierno y la influencia institucional, aunque eso implique transigir con quienes, según su propio relato, no deberían tener cabida en la vida pública.
Esta contradicción no es un matiz; es un terremoto político para la imagen del BNG. El partido que se presenta como una alternativa de limpieza y nuevos valores demuestra que, cuando el poder está en juego, los principios son negociables. La amenaza de ruptura se revela como un farol. La firmeza se diluye en cálculo. El mensaje final es devastador: la “ética” tiene un precio, y en Lugo, el BNG está dispuesto a pagarlo con los votos de un presunto acosador y su entorno.
La situación en A Coruña, donde el Bloque ha optado por la discreción ante denuncias similares dentro del PSOE local, no hace más que subrayar este patrón de comportamiento adaptable. Pero es en Lugo donde la contradicción se ha hecho carne, votación a votación. Lo que queda después de este viraje no es solo un gobierno provincial en precario, sino la profunda erosión de la credibilidad de un proyecto político que hizo de la coherencia su principal bandera de venta.