Estos días, en las calles de la ciudad bimilenaria, el debate ciudadano no es baladí: se habla de si habrá un nuevo relevo en la alcaldía. De producirse, sería la cuarta persona en ocupar el cargo en este mandato, y lo más relevante: sería la primera vez que quien llega es el cabeza de lista de la fuerza más votada en las urnas. Esa es la legitimidad de origen que, paradójicamente, el actual alcalde, Miguel Fernández, no posee.
La obediencia ciega como excusa
Uno de los argumentos que más se esgrime contra la moción de censura es la supuesta “obediencia ciega” de los concejales a sus cabezas de lista. Sin embargo, conviene recordar que la legislación es clara: los concejales responden personal, penal y patrimonialmente por sus votos, especialmente cuando estos pudieran contravenir la legalidad. No existe, por tanto, delegación de conciencia ni de responsabilidad. Exigir a un concejal que vote ciegamente por orden de su líder es incompatible con su obligación legal. Pero vayamos más lejos: si la voluntad de los ciudadanos se proyecta mayoritariamente en la candidatura del número uno de la lista, ¿por qué en Lugo se ha terminado imponiendo un alcalde que no era el más votado, y tampoco el número uno de su lista?
Contradicciones nacionalistas y socialistas
Los primeros en traicionar el mandato de las urnas fueron los cinco concejales del BNG, que apoyaron primero a Lara Méndez y después a Miguel Fernández, cuando su compromiso original era con Rubén Arroxo. ¿Dónde queda aquí la obediencia al electorado? Su único hilo conductor ha sido bloquear a la lista más votada: el Partido Popular. Pero el drama no es menor en las filas socialistas: si la ciudadanía votó mayoritariamente a Lara Méndez como candidata, Miguel Fernández no hereda automáticamente esa confianza. La confianza es personal e intransferible. Ocupa la alcaldía por una sucesión interna, no por voluntad popular expresa. Y eso, en democracia, tiene un nombre: déficit de legitimidad de origen.
Auctoritas frente a potestas
Llegamos así al núcleo del asunto. Los griegos, mucho antes que los romanos, distinguieron dos formas de poder. La potestas (ἐξουσία) es el poder legal, formal, coercitivo: el que tiene un magistrado para multar, encarcelar u obligar. La auctoritas (ἀξίωμα o κῦρος) es la autoridad moral, basada en el prestigio, la sabiduría o la ejemplaridad; no se impone por la fuerza, sino que se obedece por respeto y confianza. Platón y Aristóteles coincidían en que un buen gobernante necesita ambas. Quien solo tiene potestas es un tirano.
Pues bien: Miguel Fernández puede tener hoy la potestas —el bastón de mando, la capacidad de dictar resoluciones— pero carece de auctoritas. No fue elegido por los ciudadanos como primera opción; su mandato es fruto de un pacto postelectoral de geometría variable que ha cambiado de apoyos no una, sino tres veces (primero Lara Méndez, ahora Miguel Fernández, siempre con el mismo objetivo: impedir que el PP, fuerza más votada, gobierne). Esa no es autoridad moral, es estrategia de supervivencia política. Y la ciudad lo percibe.
El falso drama del transfuguismo
Se ha querido dramatizar la postura de María Reigosa, concejala no adscrita, que podría apoyar a Elena Candía (PP) como alcaldesa. Pero ¿por qué los nacionalistas no dramatizaron cuando ellos mismos votaron en tres ocasiones en un mismo mandato a alcaldesas y alcalde que no eran de su formación? Se vota a la persona que ha de regir la ciudad, no a los tenientes de alcalde. Si aquello fue un acuerdo legítimo, esto también. Y más aún cuando, con la boca pequeña, varios socialistas se frotan las manos: saben que si Miguel Fernández llega a mayo de 2027 como alcalde, será el candidato natural de su partido, bloqueando sus aspiraciones internas. Por eso, en las filas socialistas no pocos celebran este movimiento. La hipocresía política tiene doble rasero.
Mociones de censura: ni ilegales ni inmorales
Por último, se escuchan críticas de dirigentes como Gómez Besteiro contra la moción de censura en Lugo. Pero la memoria es frágil: no hace tanto, el PSOE llegó a la alcaldía de Noia (A Coruña) mediante una moción de censura. Y a nivel nacional, Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno de España gracias a una moción de censura. ¿Acaso aquellas fueron ilegítimas? Un poco de criterio no vendría mal.
Una alcaldía con legitimidad real
Lugo no necesita un alcalde que se aferre a la potestas por inercias de despacho y pactos de conveniencia. Necesita un alcalde con auctoritas: que su autoridad emane del respeto ciudadano, el haber encabezado la lista más votada encaja perfectamente. La moción de censura no es un capricho; es una herramienta constitucional y legítima para corregir desajustes entre la voluntad popular y la gobernabilidad real. Los ciudadanos de Lugo, en su debate diario, lo saben.
Por todo ello, esta moción de censura no solo es justificable, puede ser útil para restaurar la auctoritas en la alcaldía de Lugo.