El PP denuncia en una rueda de prensa ante una vivienda ocupada la parálisis durante 33 meses de la norma aprobada en el Senado, mientras en Lugo las ocupaciones se disparan un 218% desde 2017
La calle de un tranquilo municipio de la Mariña Lucense se convirtió este miércoles en el escenario que resume un malestar nacional. Ante una vivienda ocupada en Xove, representantes del Partido Popular, encabezados por la diputada en el Congreso Ana de Bande y los diputados provinciales Antonio Ameijide y Demetrio Salgueiro (también alcalde del municipio), pusieron rostro y dirección a un problema que califican de «epidemia» y denunciaron el bloqueo político que, según ellos, mantiene paralizada desde hace casi tres años la ley contra la ocupación ilegal.
El acto no fue casual. Xove, al igual que la vecina Viveiro, ha registrado casos recientes que han generado alarma social y una sensación de impunidad. Los populares eligieron este lugar para lanzar un mensaje contundente: llevarán iniciativas a todas las administraciones para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que desbloquee la tramitación en el Congreso de la Ley antiocupación, ya con luz verde en el Senado desde febrero de 2024.
Una ley «en un cajón» y medidas urgentes
Ana de Bande detalló el contenido de la norma paralizada. «Es inconcebible que el Gobierno tenga paralizada una ley en la que proponemos la desocupación en las 24 horas, no dar de alta en el padrón al okupa, y que no sea delito que el propietario deje de pagar suministros como el agua o la luz», afirmó. Se refirió concretamente a una Proposición de Ley para modificar el Código Penal, aprobada hace días en el Senado con los votos en contra del PSOE y el BNG, que busca precisamente que cortar los suministros a una vivienda ocupada no constituya delito de coacción.
«Esperamos que no quede en un cajón como otras leyes aprobadas en el Senado», advirtió Bande, quien aportó datos contundentes: desde 2017, la ocupación de viviendas en la provincia de Lugo se ha disparado un 218%. «En los 7 años de Gobierno del PSOE se ocuparon en la provincia 137 viviendas», sentenció.
Injusticia, inseguridad y alarma social
Antonio Ameijide, portavoz provincial del PP, se centró en la «injusticia evidente» de la ocupación ilegal. Lamentó «la negativa del PSOE y del BNG a apoyar medidas», una actitud que, a su juicio, «evidencia una desconexión con las reclamaciones ciudadanas». «Los vecinos piden protección y agilidad, mientras estos partidos optan por el bloqueo», señaló, advirtiendo de que esta parálisis «está perpetuando un problema que afecta directamente a la convivencia y a la seguridad de las familias».
En la misma línea, el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, describió la «repulsa generalizada» y la «honda preocupación social» en el municipio. Salgueiro aportó un dato revelador del clima de temor: «En las últimas semanas aumentó notablemente la instalación de alarmas y sistemas de seguridad en los domicilios, especialmente entre personas mayores». «La ciudadanía percibe que la ley actual no ofrece una respuesta ágil, y demanda protección inmediata», explicó.
La diputada Bande conectó este problema con una sensación general de inseguridad, citando los últimos datos del Ministerio del Interior: la tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes en la provincia de Lugo habría subido de 16,1 (ene-sep 2018) a 22,1 (ene-sep 2025).
El reloj sigue corriendo
Con la ley del Senado llevando 33 meses detenida en el Congreso, el PP intenta trasladar el debate de los despachos a las calles donde, aseguran, el problema se vive a diario. El caso de Xove se erige así como el ejemplo de un conflicto que, según la oposición, requiere soluciones legislativas urgentes y que el actual marco político, por desacuerdo o por prioridades, mantiene en un punto muerto, dejando a propietarios y vecinos, en palabras de los populares, en una situación de «indefensión tras una vida de esfuerzo y trabajo».