La Cuenta 413, conocida como «facturas en el cajón», alcanza una cifra alarmante, evidenciando graves problemas de gestión, riesgo de sanción y un maquillaje contable que perjudica a proveedores y falsea la salud financiera municipal
Un ejercicio más, las cuentas del Ayuntamiento de Lugo arrojan una sombra de descontrol sobre la gestión económica municipal. En la rendición de cuentas del ejercicio 2024, presentada a finales de 2025, una partida contable se erige como el síntoma más claro de una administración disfuncional: la cuenta 413, «Acreedores por prestaciones de servicios», popularmente conocida como «las facturas en el cajón». El saldo ascendiende a la astronómica cifra de 5.591.665,45 euros, un volumen de deuda pendiente de formalizar que los expertos consideran una «bandera roja» en la gestión pública.
Esta cuenta, que no debería ser más que un mero trámite temporal, se ha convertido en un agujero negro donde el gasto real del Concello se oculta a la vista de los controles. El ejercicio 2024 no comenzó con pocas facturas pendientes, sino con 650 registros en esta cuenta. A lo largo del año, la situación no hizo más que empeorar, hasta que 2.275 facturas nuevas pasarón por este limbo contable.
El origen del gasto: ¿Dónde se generó la deuda?
Un análisis del desglose revela que el grueso de esta masa pendiente, 3.642.793,57 €, corresponde al gasto corriente de 2024, demostrando que el problema es estructural y no puntual. Dentro de este capítulo, destacan:
- Más de 2 millones de euros en facturas de trabajos contratados a empresas.
- 909.277,49 euros en suministros básicos, como la electricidad.
- Además, se sigue arrastrando una deuda de más de 100.000 euros del ejercicio 2023.
Llama la atención que, si bien no es el importe más abultado, la SGAE aparece como un proveedor con un alto número de facturas de pequeño importe pendientes, algunas de apenas 54,07 euros, lo que ejemplifica la falta de filtro y la disfuncionalidad del sistema, que afecta por igual a grandes contratistas y a pequeños acreedores. Los medios de comunicación locales también figuran entre los proveedores con facturas atascadas en el cajón, que puede ser debido a la falta de partida presupuestaria.
Un procedimiento irregular con «reparos de legalidad»
Lo más grave, según se desprende de los informes técnicos municipales, es cómo se está solventando este embrollo. Para poder pagar estas facturas, el Ayuntamiento ha tenido que ejecutar Reconocimientos Extrajudicial de Crédito por un valor de 4.585.740,70 euros. Este procedimiento, excepcional y urgente, se utiliza cuando no se ha seguido la tramitación ordinaria y conlleva inherentes «reparos de legalidad» por parte de los interventores, es decir, se alerta de que el pago se realiza al margen de los cauces normativos y con riesgos jurídicos.
Consecuencias: Más allá de un problema contable
Tener una cuenta 413 tan abultada no es un mero tecnicismo. Expertos en hacienda local señalan las graves consecuencias:
- Falsa imagen financiera: La deuda real con proveedores está «oculta». Mientras las facturas están en la 413, el pasivo circulante (cuentas 400/410) aparece artificialmente bajo, falseando indicadores clave como el Periodo Medio de Pago (PMP). Cuando finalmente se trasladan, el PMP se dispara, incumpliendo la Ley de Morosidad.
- Riesgo de sanción: Esta práctica puede ser considerada por el Ministerio de Hacienda y la Intervención General del Estado como un «maquillaje» de las cuentas para incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, acarreando sanciones económicas y planes de ajuste obligatorios.
- Descontrol interno y perjuicio a proveedores: Refleja una administración incapaz de cerrar expedientes, validar albaranes y conformar facturas con agilidad. Los proveedores, aun habiendo cumplido con su trabajo, ven sus pagos retrasados indefinidamente, lo que genera desconfianza y puede llevar a que exijan condiciones más onerosas o decidan no trabajar con la institución.
- Riesgo legal: Las facturas pueden llegar a prescribir (a los 4 años), lo que abriría la puerta a litigios costosos por enriquecimiento injusto.
En definitiva, los 5,5 millones de euros en la cuenta 413 del Concello de Lugo no son solo una cifra en un libro. Son la prueba palpable de unos graves problemas de gestión que comprometen la transparencia, la legalidad y la salud financiera del municipio, perjudicando a ciudadanos y empresas, y erosionando la credibilidad de la institución.