El Grupo Popular denuncia que el Ayuntamiento ha agotado el plazo legal de cinco dÃas sin facilitar la documentación solicitada y exige transparencia y soluciones urgentes
El Grupo Popular del Ayuntamiento de Lugo ha elevado el tono polÃtico ante la negativa del gobierno local a facilitarle el expediente sobre la denuncia por presunto acoso laboral presentada por seis trabajadoras sociales de la plantilla municipal contra la propia ConcejalÃa de Servicios Sociales. Según ha denunciado el PP, el equipo de gobierno ha agotado el plazo legal de cinco dÃas hábiles sin responder a la petición formal de acceso a la documentación, registrada el pasado 2 de octubre.
El edil popular Gustavo DÃaz ha sido el encargado de volcar la controversia en la esfera pública, acusando al alcalde de «esconderse» y actuar con «opacidad» en un asunto que, a su juicio, «afecta a empleados públicos municipales y a la credibilidad del Ayuntamiento en su conjunto».
Una petición formal sin respuesta
«Ante la gravedad de los hechos que han salido a la luz, solicitamos por escrito acceso al expediente para conocer la verdad de lo ocurrido. Ayer terminaba el plazo legal y no hemos recibido ninguna información. No es comprensible que el gobierno actúe con esta opacidad. La transparencia es la primera muestra de respeto, tanto para las trabajadoras afectadas como para la ciudadanÃa», explicó DÃaz en rueda de prensa.
El concejal popular cargó especialmente contra el primer edil, recordando que, tras hacerse pública la denuncia, este se ofreció a mediar entre las partes. «Pues bien, esa mediación no puede hacerse a ciegas. Es un conflicto que está ya en su mesa y que requiere decisión polÃtica, no silencio administrativo. Le exigimos que deje de esconderse, actúe con responsabilidad y dé explicaciones claras a la ciudadanÃa, en lugar de permitir que este escándalo se conozca por entregas a través de los medios de comunicación».
El PP se ofrece a las partes
Desde el partido popular han intentado marcar una lÃnea de prudencia, asegurando que no emitirán juicios sin conocer los hechos. «Desde el PP nos ponemos a disposición tanto de las trabajadoras como de la concejala. Lo que no puede haber es falta de transparencia ni dejadez ante un asunto de esta gravedad», afirmó DÃaz, subrayando que su objetivo es la «implicación» y la búsqueda de «soluciones urgentes» a un conflicto que «afecta a la calidad del servicio y a la imagen del Concello».
La denuncia, sÃntoma de una gestión «nefasta»
Más allá del caso concreto, los populares enlazan esta crisis con lo que definen como una «pésima gestión de personal» por parte del gobierno local. DÃaz recordó que ya en el pleno ordinario del mes de junio alertaron «públicamente de la ruptura total de comunicación entre las trabajadoras sociales y la concejala».
«Se trata de una situación de la que el gobierno local fue plenamente consciente y a la que nunca dio respuesta, a pesar de la gravedad que conllevaba. Este no es un hecho aislado, sino una consecuencia más de la nefasta gestión del personal municipal y de la falta de planificación en los Servicios Sociales que venimos denunciando», sentenció el edil.
La bola de nieve generada en torno a los Servicios Sociales de Lugo parece lejos de disiparse. La presión del Grupo Popular fuerza ahora al gobierno a elegir entre abrir sus expedientes a la luz pública o asumir el coste polÃtico de mantenerlos bajo llave, en un pulso que tiene en vilo la credibilidad de la institución y el clima laboral en un área municipal tan sensible.