El PSOE logra el apoyo para la alcaldesa de Burela tras negociaciones que comprometen presupuestos futuros y podrían obstruir una investigación por acoso. El partido de Sánchez confirma el acuerdo
La futura presidencia de Carmela López (PSOE) al frente de la Diputación de Lugo tiene un precio público y otro que sus rivales políticos tildan de potencialmente mucho más oscuro. Tras días de intensas negociaciones, el Partido Socialista ha cerrado el tripartito que le permitirá gobernar la institución provincial, pero los detalles del acuerdo pintan un cuadro de pragmatismo político extremo y generan una tormenta perfecta para la oposición del PP.
La inversión para lograr el voto a favor del Bloque Nacionalista Galego (BNG) es cuantificable y directa: 500.000 euros. En concreto, el compromiso adquirido por el PSOE es incrementar en medio millón de euros el Plan Diputación del ejercicio 2027, un año marcado en rojo en el calendario político al coincidir con elecciones municipales, que indirectamente deciden también la composición de la propia diputación. Una inyección de fondos que, críticos señalan, es pura estrategia electoralista con dinero público.
Sin embargo, el acuerdo más polémico y de consecuencias más imprevisibles es el que vincula al PSOE con José Tomé, el alcalde apartado del PSOE de Monforte. Su voto no era solo útil; era, dada la ajustada aritmética, absolutamente necesario para cualquier votación, incluyendo la elección de la presidenta. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el precio de su apoyo sería una suerte de «cortapisa» o blindaje político.
Tomé, según estas versiones, obtendría la capacidad de «condicionar y bloquear cualquier investigación» sobre el supuesto caso de acoso que le afecta, particularmente todo lo referente a la indagación sobre una supuesta oferta de empleo en la Diputación que habría sido parte del caso. Esto colocaría a la nueva presidenta y al grupo socialista en una situación de extrema debilidad ante un socio que podría usar su voto como herramienta de presión permanente, especialmente en asuntos de ética y gobernanza.
El visto bueno de Ferraz y el «intento de regreso»
A pesar de la complejidad y el riesgo del acuerdo, el PSOE estatal, dirigido por Pedro Sánchez, ha ratificado el apoyo a Carmela López, dando luz verde a una operación que saca a la institución provincial del bloqueo. Por su parte, José Tomé, descrito en los círculos políticos como intentando un difícil «regreso» tras sus problemas de acusaciones por acoso, también ha confirmado su voto a la propuesta socialista. «Una muestra de un intento de regreso, pero esas cosas ocurren pocas veces», comentó con ironía un dirigente socialista.
El problema de imagen para PSOE y BNG es evidente: no les bastaba con la abstención de Tomé, necesitaban su voto afirmativo. Esta necesidad, arguye la oposición, ha creado una «situación caótica» que, más allá de permitir la gobernabilidad, parece «encaminada a tapar o dificultar cualquier investigación» en el asunto que involucra a su socio clave.
Escenario para el PP: 16 meses de munición política
Frente a este tripartito, al Partido Popular, primera fuerza en la provincia, le queda un escenario de aproximadamente 16 meses hasta las próximas elecciones municipales. Un periodo que los populares ven no como un desierto en la oposición, sino como una ventana de oportunidad. Su estrategia será clara: mantener el «caso Tomé» y las condiciones del pacto en primera línea de la actualidad, presentándolo como el ejemplo de una gobernanza a cualquier precio, donde se comercializa con presupuestos públicos y se negocia con sombras de presunta improcedencia.
La investidura de Carmela López, por tanto, no cierra una crisis, sino que inaugura un breve periodo de presidencia marcado por la polémica, la dependencia de un voto controvertido y la acusación permanente de que la presidencia de la Diputación de Lugo se ha comprado con dinero y silencio. El tiempo dirá si el acuerdo aguanta o si el precio pagado termina por ser demasiado alto incluso para quienes lo han firmado.