13/03/2026

Elena Candia denuncia la “gestión caótica” de los contratos en el Concello de Lugo, avalada por informes internos

La portavoz del PP alerta de sobrecostes, merma en la calidad de los servicios e irregularidades administrativas, basándose en los informes de los servicios fiscalizadores municipales

 La portavoz del Partido Popular, Elena Candia, arremetió con dureza durante una rueda de prensa contra la situación “caótica e ilegal” que atraviesa la gestión contractual del Concello de Lugo, una crítica que, insistió, no se basa en opiniones sino en los “contundentes” informes de los propios servicios fiscalizadores municipales.

Candia comenzó su intervención destacando la opacidad en la que se encuentra el gobierno local, señalando que, “estando a finales de noviembre, nada se sabe de los presupuestos para el próximo año 2026”. Esta situación, “hace materialmente imposible que estén disponibles en forma y plazo”, incumpliendo la legislación que exige su aprobación definitiva y publicación antes del 1 de enero para que entren en vigor.

El núcleo del problema: la licitación de contratos

Sin embargo, el eje central de su crítica fue el “gran número de contratos que están sin ser licitados”. Candia explicó las graves consecuencias de esta dejadez. En primer lugar, un sobrecoste económico para las arcas municipales. “Al estar estos servicios sin contrato, la empresa que presta el servicio hace sus cálculos de coste y beneficio y así lo factura. Mientras que, si hay un contrato en vigor, estos conceptos están reflejados y tasados en el contrato, y es por lo que se debe regir el proveedor”, afirmó.

Pero el problema, advirtió, no es solo económico. La calidad de los servicios prestados a los ciudadanos “también se resiente”. “Cuando un servicio se presta con un contrato, aparecen detallados el número de servicios, las frecuencias, la duración y el resto de valoraciones de calidad. Además, hay un funcionario responsable del seguimiento del contrato”. “En el caso de no tener contrato, se reduce al mero pago de una factura y no existe ese responsable del seguimiento, por lo que no hay control sobre la calidad del trabajo realizado”.

La portavoz popular recalcó que la licitación por libre concurrencia no es solo una herramienta para abaratar el servicio, sino un mandato legal. “Es cumplir la legalidad”, sentenció.

Aval de los informes fiscalizadores y advertencia de responsabilidades

Candia insistió en que esta situación no es una mera “opinión personal”, sino que está “basada y apoyada en los informes de los servicios fiscalizadores del propio Concello de Lugo”. Estos documentos, según reveló, destacan el “alto número de contratos con reparos suspensivos”, una situación que obliga al alcalde, con su firma, a levantar estas irregularidades.

“Recordemos que los levantamientos de reparos conllevan responsabilidad administrativa e, incluso, penal”, alertó Candia, acusando al gobierno de “intentar normalizar una fórmula que es para casos excepcionales”. En este sentido, lanzó una contundente afirmación: “Los lucenses estamos en manos de personas que se saltan la Ley, como dicen los informes de los servicios fiscalizadores. Todo esto está basado en datos y no en bulos”.

Críticas al BNG y lista de servicios afectados

Dirigiéndose a sus socios de gobierno, el BNG, Candia recordó la contradicción que, a su juicio, representa su gestión. “Es un partido que critica duramente los contratos menores, pero cuando llega a gobernar, hace uno e incluso abusa de los mismos”.

Para concluir, la portavoz del PP quiso poner cifras y nombres a la denuncia, destacando los 27 contratos que se encuentran en una “situación grave”. Entre estos servicios sensibles para la ciudadanía se encuentran:

  • El mantenimiento de los espacios de juegos infantiles.
  • Los servicios del Auditorio Gustavo Freire.
  • El servicio de grúa.
  • Los sistemas de control de tráfico.

La imagen de una gestión contractual al borde del colapso, respaldada por informes internos, deja al gobierno de Lugo en una posición comprometida, mientras la oposición exige soluciones y el estricto cumplimiento de la ley para garantizar el buen uso del dinero público y la calidad de los servicios que reciben los vecinos.

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