La empresa reclamante alegó que el pliego estaba ‘a la medida’ de una solución, cercenando la competencia. El consistorio de Miguel Fernández prefiere cancelar que aclarar
El Ayuntamiento desiste del mayor contrato en mucho tiempo tras el recurso de una empresa, que alegó sesgo tecnológico y opacidad. La «medida de prudencia» del gobierno local deja preguntas sobre su capacidad de contratación y genera costes colaterales.
En un episodio que revela las tripas de una gestión pública bajo presión, el Ayuntamiento de Lugo ha tenido que dar marcha atrás, apenas dos semanas después de lanzarla, en la licitación de mayor cuantía en mucho tiempo: más de un millón de euros para implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El proceso, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, ha naufragado no por una orden judicial, sino por una decisión propia tras una contundente reclamación empresarial. Un fiasco administrativo que cuestiona la solvencia técnica y transparencia del equipo de gobierno de Miguel Fernández (PSOE-BNG) en un proyecto clave.
La trama es sencilla en su apariencia y preocupante en su fondo. El 13 de enero de 2026, se publicaba la contratación de un «sistema tecnológico integral» para controlar accesos, tráfico y calidad del aire en la ZBE. Nueve días después, una empresa presentaba un recurso especial. Sus alegaciones eran graves y directas: los pliegos vulneraban los principios de neutralidad tecnológica y libre concurrencia, y el objeto del contrato era indeterminado y poco preciso. En esencia, acusaban al consistorio de diseñar un concurso a la medida de una solución concreta, cercenando la competencia.
La reacción del gobierno local no ha sido la defensa a ultranza, sino la retirada estratégica. En un decreto firmado por el alcalde ayer 28 de enero, se acuerda el «desistimiento» del procedimiento. Lo llamativo es la argumentación. Un informe técnico interno, solicitado tras la reclamación, refuta las alegaciones de la empresa. El jefe de Servicio de Ingeniería afirma que no se exige obligatoriamente la integración con EcoTrafiX, que solo supone 5 puntos sobre 100, y que no aprecia ilegalidad. Sin embargo, en un giro que delata una debilidad de fondo, recomienda desistir «como medida de prudencia» para «evitar interpretaciones sesgadas» y «maximizar la claridad».
Este eufemismo burocrático –»medida de prudencia»– es el reconocimiento tácito de un error grave. Si los pliegos eran tan claros y equitativos como sostiene el informe interno, ¿qué necesidad había de cancelar un proceso de tal envergadura? La conclusión es inevitable: la redacción original era tan ambigua o potencialmente sesgada que, incluso siendo técnicamente defendible, no superaba el mínimo de seguridad jurídica y transparencia que exige la gestión de fondos públicos, máxime cuando son europeos.
La maniobra, presentada como gesto de buena fe y transparencia, tiene un coste. Primero, un coste de tiempo. Los plazos de ejecución de los proyectos NextGenerationEU son estrictos, y este tropiezo pone en riesgo el cumplimiento. Segundo, un coste económico y de confianza para el resto de empresas que, habiendo confiado en la seriedad del proceso, pudieron haber iniciado ya trabajos y estudios para preparar sus ofertas. Su esfuerzo y dinero se esfuman con un decreto. El ayuntamiento juega a un peligroso «ensayo y error» con dinero comunitario y con la credibilidad del sector.
Este caso trasciende una mera anécdota contractual. Es sintomático de una forma de gobernar. Un proyecto estrella de movilidad y sostenibilidad, con una financiación extraordinaria, se lanza con una precipitación y una falta de rigor técnico-legal que obliga a volver a la casilla de salida. Plantea serias dudas sobre la capacidad de preparación y previsión de una administración que debe gestionar complejidades tecnológicas y normativas. ¿Se consultó suficientemente con expertos y el sector antes de lanzar los pliegos? ¿O primó la urgencia por ejecutar el presupuesto sobre el rigor?
El alcalde Miguel Fernández evita, en el documento, cualquier autocrítica explícita. Se ampara en el artículo 152 de la Ley de Contratos para desistir «a fin de corregir y clarificar los pliegos». Es la coartada legal perfecta para un fracaso administrativo. Lugo merece algo más que justificaciones formales. Merece una explicación clara de qué falló en el seno de su gobierno para que un proyecto de tal importancia naciera con un defecto de forma tan sustancial. Y, sobre todo, merece la garantía de que la próxima licitación no será otro ejercicio de «prudencia» forzada, sino el resultado de una gestión competente y transparente. De momento, solo hay un proceso parado, un millón de euros en el aire y una ciudad que sigue esperando una ZBE creíble y bien gestionada que aporte soluciones a la movilidad.