Una nueva licitación millonaria para la Zona de Bajas Emisiones revive el fantasma del fracasado proyecto ‘Smart City’ y pone en cuestión la estrategia municipal
El Concello de Lugo vuelve a generar una profunda desconfianza con una inversión cuantiosa cuyo destino y utilidad práctica son, cuando menos, cuestionables. Recientemente, en el portal público de licitaciones del estado, se ha hecho pública una adjudicación del gobierno local por valor de 1.035.740,30 euros, la de mayor importe en los últimos tiempos. Su objetivo: la retirada de las cámaras de acceso al casco histórico y la instalación de un nuevo sistema de vigilancia, junto a dos medidores de calidad del aire, en el marco de la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
La cifra, por sí sola, llama la atención. Pero es el historial reciente del equipo de gobierno en materia de movilidad inteligente lo que convierte esta noticia en una señal de alarma. La sombra del fracaso estrepitoso del plan ‘Lugo Smart City’ –un proyecto piloto presupuestado en unos seis millones de euros (con fondos europeos y municipales) que nunca llegó a funcionar– planea sobre este nuevo desembolso. En aquella ocasión, se instalaron doscientos sensores de aparcamiento y se prometió una aplicación para guiar a los conductores. El resultado fue un costosísimo adorno tecnológico: ni los paneles informativos ni la app vieron la luz, en un fiasco que aún recuerdan con frustración muchos lucenses.
Ahora, el Ayuntamiento apuesta fuerte por una tecnología que, en la práctica, parece orientada más a la sanción que a la solución. La partida principal del millón de euros se destina a cámaras de identificación de vehículos, un sistema recaudatorio cuya eficacia para mejorar la movilidad o disuadir el tráfico no está demostrada. Mientras, la supuesta vocación medioambiental del proyecto queda en un ridículo segundo plano, con la instalación de solo dos medidores de calidad del aire. Y para mayor incongruencia, la documentación oficial indica que solo uno de ellos se ubicará dentro de la propia ZBE, lo que despierta serias dudas sobre la representatividad y utilidad real de los datos que recojan.
Es un patrón que se repite: grandes cifras, escasa planificación y resultados nebulosos. Se invierte en tecnología puntera sin un diagnóstico claro de las necesidades reales de la ciudad. Lugo no necesita más proyectos faraónicos y mal ejecutados; necesita soluciones concretas para su congestión, un transporte público eficaz y políticas que incentiven verdaderamente la movilidad sostenible, no que se limiten a penalizar al conductor.
Esta licitación es, en esencia, un carísimo parche tecnológico que ignora las lecciones del pasado inmediato. Los vecinos tienen derecho a preguntarse si este millón de euros –el mayor gasto municipal en mucho tiempo– no sería mucho más útil en la creación de aparcamientos , en lugar de en un sistema de vigilancia cuyo beneficio social y ambiental es, a todas luces, marginal.
El Ayuntamiento de Lugo tiene la obligación de explicar con transparencia y detalle cómo esta inversión va a mejorar tangiblemente la vida en la ciudad. De lo contrario, no será sino otro capítulo en una ya larga historia de dinero público malgastado en proyectos con futuro incierto, donde la única certeza es el gasto y la única incógnita, el beneficio para el ciudadano.