Un análisis constata que el Concello de Lugo es el único entre las siete grandes ciudades gallegas que priva a sus vecinos del acceso al detalle de sus cuentas, al tiempo que vuelve a figurar entre los ayuntamientos que no presentan su documentación en plazo ante el Consello de Contas
La salud de una democracia local se mide por la transparencia con la que gestiona el dinero público. Sin un acceso claro a esta información, los ciudadanos ven mermado su derecho a saber cómo se gastan sus impuestos. En Galicia, esta premisa básica tiene una excepción flagrante: el Ayuntamiento de Lugo, que gobierna Miguel Fernández. No solo ha vuelto a dar muestras de opacidad al incumplir el plazo legal para rendir sus cuentas anuales ante el Consello de Contas, sino que es el único entre los grandes concellos que incumple sistemáticamente la Ley de Transparencia con sus presupuestos.
Mientras el 73% de los concellos gallegos (236 de 313) presentaron su documentación a tiempo, Lugo se sitúa entre los retrasados. Este retraso no es un hecho aislado, sino un agravante más para un gobierno que ya está bajo lupa por su mala gestión financiera. La imagen que se proyecta es la de una administración opaca y desorganizada, especialmente cuando pequeños ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes lideran los índices de transparencia con un 80% de cumplimiento. Entre las grandes ciudades, solo Vigo, Ferrol y Pontevedra presentaron sus cuentas en plazo, dejando a Lugo en una posición de clara desventaja en cuanto a rigor y cumplimiento.
El mapa gallego de la transparencia: seis faros de luz y un punto negro
Una revisión de los portales de transparencia de las siete principales ciudades gallegas pinta un contraste elocuente. A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo ofrecen, en mayor o menor medida, sus presupuestos completos y desglosados, a menudo en formatos accesibles. Cualquier ciudadano puede consultar el destino de partidas específicas, desde ayudas a domicilio hasta subvenciones a clubes deportivos.
Lugo, por el contrario, se limita a ofrecer en su portal información genérica e insuficiente. La información presupuestaria se reduce a cifras globales que impiden cualquier análisis serio y vulneran el espíritu y la letra de la Ley 19/2013, de Transparencia. Esta norma exige la publicación activa de los presupuestos desglosados por capítulos, artículos y conceptos, así como la ejecución presupuestaria. El Concello de Lugo incumple esta obligación, manteniendo bajo llave digital un documento que puede superar las 500 páginas de detalle.
Consecuencias prácticas: más allá de la reputación
La situación no es solo reputacional. Tiene consecuencias prácticas y económicas muy severas. El incumplimiento reiterado ante el Consello de Contas puede acarrear la retención de transferencias estatales y autonómicas, un golpe devastador para unas arcas municipales que son más dependientes que nunca de ese dinero ajeno: el 46% de los ingresos de los ayuntamientos gallegos provienen de dichas transferencias.
Para el gobierno de Miguel Fernández se sitúa en la lista de opacos por no rendir cuentas de su pasado, es un círculo vicioso del que será muy difícil salir. La credibilidad de su equipo de gobierno está ahora sujeta a la aprobación de técnicos externos y a la benevolencia de unos plazos que, una vez más, no ha sido capaz de cumplir.
Esta doble falta de transparencia —en la planificación (presupuestos) y en la rendición (cuentas anuales)— no es coincidencia. Ambas pintan el retrato de una gestión que navega con interés en eludir el escrutinio público. La pregunta que queda flotando entre los lucenses es inevitable: ¿a qué teme el gobierno municipal? Mientras no haya una respuesta clara, la sombra de la opacidad y el descontrol seguirá siendo, tal y como se denuncia desde la oposición y la sociedad civil, el sello distintivo del alcalde Miguel Fernández.