Denuncias internas revelan un sistema de incentivos económicos por número de multas, mientras otras funciones esenciales del cuerpo quedarían relegadas, según los propios agentes
Una inquietante denuncia procedente del seno de la Policía Local de Lugo ha destapado lo que muchos agentes califican como la “instrumentalización” del cuerpo para convertirlo en un “ente recaudatorio” al servicio de las arcas municipales. La acusación central es grave: existiría una directiva, promovida por el gobierno local, que prioriza la sanción por encima del servicio, ligando incluso compensaciones económicas al volumen de multas impuestas.
La queja señala que esta política no solo desvirtúa la labor policial, sino que está provocando el abandono progresivo de otras competencias igual de vitales para la comunidad. “Se nos presiona e incentiva para multar, pero ¿qué hay de todo lo demás que debemos hacer y por lo que no hay ‘bonificación’?”, se pregunta uno de los agentes.
Las funciones que se desvanecen
Según las fuentes consultadas, esta presión por la productividad sancionadora está eclipsando áreas de trabajo fundamentales:
- Violencia de Género: Se alega una merma en el papel de protección, seguimiento y apoyo a las víctimas, una labor que requiere tiempo, dedicación y una presencia que no se traduce en multas.
- Seguridad Ciudadana Integral: La vigilancia de barrios, la resolución pacífica de conflictos vecinales o la simple presencia disuasoria en zonas de ocio pierden peso frente a la tarea de “cazar infracciones” de tráfico.
- Movilidad Preventiva: Los agentes señalan que su potencial para mejorar la circulación y la seguridad vial con medidas educativas y preventivas se ve suplantado por un enfoque puramente punitivo.
- Competencias Medioambientales: Tareas como las mediciones de contaminación acústica, una demanda recurrente en muchos vecindarios, quedan postergadas por falta de recursos y de incentivos, a pesar de afectar directamente a la calidad de vida.
Un espíritu recaudatorio que fractura al cuerpo
Lo que más alarma a los denunciantes es la distorsión que este modelo introduce en la esencia de la policía y en la moral de sus miembros. “Se genera una dinámica perversa. Ya no se trata solo de que descuidemos otras funciones, sino de que se crean dos categorías de agentes: los que se pliegan a esta máquina de multar y pueden verse beneficiados, y la gran mayoría que solo quiere cumplir con su deber de servir y proteger a los ciudadanos en toda su amplitud”.
La pregunta que flota en el ambiente es si esta estrategia responde únicamente a una necesidad de financiación municipal o si, además, busca favorecer a determinados grupos dentro de la plantilla, fracturando la unidad y la equidad interna.
Silencio institucional y malestar vecinal
Hasta el momento, el gobierno local no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones específicas. Mientras, el malestar crece tanto entre sectores de la policía como entre la ciudadanía, que percibe un cambio en el trato. Vecinos de diversas asociaciones han expresado su preocupación: “Necesitamos una policía cercana que solucione problemas, no solo que ponga multas. Que controle el ruido por la noche, que vele por las mujeres maltratadas, que patrulle por los parques
La polémica en Lugo reabre un debate antiguo pero siempre vigente: el delicado equilibrio entre la función sancionadora de la policía y su papel social y protector. La denuncia de estos agentes pone sobre la mesa el riesgo de que, si la balanza se inclina demasiado hacia lo recaudatorio, todos salen perdiendo: la profesión policial, que ve mermada su vocación de servicio, y sobre todo, los ciudadanos, que ven desatendidas sus necesidades más allá de las infracciones de tráfico.
La pregunta final la dirige un agente anónimo a sus superiores y al gobierno municipal: “¿Quieren una policía para Lugo, o una máquina de recaudar para las cuentas de Lugo?”.