El gobierno de Miguel Fernández incumple la ley al ocultar información clave a los vecinos, publicando solo los anuncios que le benefician políticamente
El Ayuntamiento de Lugo, bajo el mandato del alcalde Miguel Fernández, está siendo acusado de utilizar el Tablón de Anuncios Electrónico, un instrumento de transparencia legalmente obligatorio, como una herramienta de propaganda política, al tiempo que incurre en una flagrante opacidad informativa. Una comprobación realizada este lunes ha destapado que de los cinco anuncios oficiales publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado viernes 8 de noviembre, solo uno aparece en el tablón municipal.
El único anuncio que los vecinos pueden encontrar en la Sede Electrónica del consistorio es el referente a la lista de admitidos y excluidos para las 10 plazas de auxiliar administrativo, un proceso de empleo público que, por su naturaleza, genera un notable interés social y puede reportar imagen positiva al gobierno.
Información clave desaparecida
Sin embargo, el ayuntamiento ha omitido deliberadamente la publicación de otros cuatro anuncios de vital importancia para el control democrático y la gestión municipal:
- Aprobación inicial de un suplemento de crédito: Según la legislación y el propio BOP, este acuerdo debe estar a exposición pública durante 15 días hábiles para permitir las alegaciones de los ciudadanos. Su ausencia en el tablón impide este derecho.
- Modificación de las bases de ejecución de los presupuestos municipales (18 y 24): Se trata de dos cambios en las normas que definen cómo se gestiona y ejecuta el dinero público proveniente de los impuestos. Estas bases son el marco técnico-jurídico que regula todo el ciclo presupuestario. La ley exige igualmente que estén en exposición pública 15 días, un requisito que el gobierno local está incumpliendo.
- Anuncios varios del padrón (agua, lixo, sumidoiros, contador y cánon): Aunque de menor trascendencia política, su omisión refuerza el patrón de opacidad y desidia informativa.
Un incumplimiento de la ley y un acto de propaganda
En España, la legislación, obliga a todos los ayuntamientos a disponer de un Tablón de Anuncios Electrónico donde publicar los actos administrativos de relevancia. Su finalidad es garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados y a participar en los asuntos públicos.
La selección interesada que realiza el equipo de gobierno no es un simple descuido; es una censura activa. Al publicar solo el anuncio que le reporta rédito político (la oferta de empleo) y ocultar aquellos que exigen control y transparencia (modificaciones presupuestarias y crediticias), el gobierno de Miguel Fernández desvirtúa una herramienta de transparencia para transformarla en un altavoz de propaganda. Esta práctica no solo vulnera la ley, sino que atenta contra los principios de buena administración y publicidad activa.
Consecuencias para la ciudadanía
La falta de esta información en el canal oficial priva a los vecinos de Lugo de:
- Ejercer su derecho de alegación en procesos que afectan directamente a las finanzas municipales y, por ende, a los servicios que reciben.
- Conocer y auditar cómo se modifican las reglas del juego en la gestión de millones de euros de dinero público.
- Confiar en sus instituciones, al comprobar que la información se manipula y se oculta en función de los intereses del partido en el gobierno.
Ante estas evidencias, se plantea una clara pregunta: ¿Qué pretende ocultar el gobierno de Miguel Fernández a los ciudadanos de Lugo? La opacidad parece haberse convertido en la norma de una administración que prioriza su imagen sobre el cumplimiento de la ley y el derecho a la información de sus vecinos.