El gobierno bipartito de PSOE-BNG incumple sistemáticamente la ley de transparencia mientras adjudica contratos menores
Mientras el Concello de Lugo presume de transparencia con su portal «datosabertos.lugo.gal», la realidad desvela un preocupante vacío informativo que se extiende por más de un año. El gobierno bipartito de Miguel Fernández (PSOE-BNG) mantiene en la opacidad los contratos menores, incumpliendo así la legislación estatal que exige su publicación trimestral.
El silencio de los datos abiertos
Una verificación del portal de transparencia lugués revela que los últimos datos publicados sobre contratos menores corresponden a septiembre de 2024, dejando un vacío de más de doce meses en el conocimiento público sobre cómo se gastan los fondos municipales en contratos de menor cuantía. Estos contratos, que pueden alcanzar hasta 40.000 euros en obras y 15.000 en servicios (iva no incluido), representan un importante volumen de gasto público que queda fuera del escrutinio ciudadano.
La Plataforma de Contratación del Estado refleja igualmente esta opacidad. Aunque aparecen algunos contratos con expedientes fechados en 2025 -una anomalía temporal que genera más interrogantes-, no se ofrece un resumen consolidado ni datos agregados que permitan a los ciudadanos tener una visión clara de la contratación municipal, ni datos de ejercicios anteriores.
Lo que exige la ley
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es contundente en su artículo 63.4: «la publicación en el Perfil del contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente». La normativa especifica que debe incluirse el objeto del contrato, su duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario.
Esta obligación se complementa con la Ley 19/2013 de Transparencia, que refuerza la necesidad de publicar toda la información contractual para garantizar el control público y prevenir prácticas irregulares.
¿Por qué ocultar los contratos menores?
- Evitar la fiscalización: Los contratos menores son adjudicaciones directas que, al no requerir concurso público, son más susceptibles de favoritismos
- Posible fragmentación ilegal: La práctica de dividir contratos grandes en varios menores para eludir los procedimientos de licitación es una irregularidad frecuente
- Clientelismo: La falta de publicidad facilita la adjudicación a empresas afines sin posibilidad de control externo
Consecuencias del incumplimiento
El ocultamiento sistemático de esta información constituye una infracción administrativa grave que podría acarrear sanciones económicas de hasta 300.000 euros, según establece la Ley de Transparencia. Además, supone una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a conocer cómo se gestionan los fondos públicos.
Las consecuencias trascienden lo legal: la opacidad mina la confianza en las instituciones, fomenta la desigualdad entre empresas y debilita los cimientos de la democracia local.