Los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan aumentos alarmantes en agresiones sexuales y robos violentos, pero el sistema de incentivos de la Policía Local prioriza infracciones de tráfico y ocupación del espacio público
Los datos oficiales del tercer trimestre de 2025, publicados por el Ministerio del Interior, revelan un incremento preocupante de ciertos delitos en Lugo. Sin embargo, estos no son tenidos en cuenta en la valoración de la productividad de los agentes de la Policía Local, que sigue centrada casi exclusivamente en asuntos relacionados con la movilidad y el espacio público.
Según las estadísticas, entre 2024 y 2025 se ha registrado en la ciudad un aumento del 31,6% en los delitos contra la libertad sexual. Dentro de esta categoría, destaca especialmente el crecimiento de las agresiones sexuales con penetración, que se han disparado un 300% en el mismo período. A estos datos se suman el incremento del 115,8% en robos con violencia e intimidación y del 71,4% en sustracciones de vehículos.
Un sistema de incentivos que mira hacia otro lado
Pese a esta realidad delictiva, la productividad que cobran los agentes —un complemento salarial variable— se calcula en base a parámetros que dejan fuera estos delitos graves. El 50% de la valoración depende únicamente de la asistencia al puesto de trabajo. El resto, repartido en ocho criterios, se centra en labores de vigilancia y control del ámbito de la movilidad y la ocupación de la vía pública.
Los criterios evaluados, según fuentes consultadas, son los siguientes:
- Garantizar el correcto funcionamiento del transporte público, liberando paradas de vehículos mal estacionados.
- Controlar las zonas de carga y descarga.
- Liberar plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
- Monitorizar infracciones que conllevan pérdida de puntos (para reducir la accidentalidad).
- Actuar contra los «gorrillos» o vendedores ilegales de entradas, especialmente en la zona de Hula.
- Controlar la venta ambulante no autorizada, con atención al mercadillo de Frigsa y periodos vacacionales.
- Proteger las zonas peatonales y de nueva peatonalización.
- Perseguir delitos contra la seguridad vial, como la conducción bajo los efectos de drogas o alcohol.
Priorización de lo sancionable
La desconexión entre los incentivos y los problemas de seguridad que más preocupan a la ciudadanía. «No se puntúa directamente poner multas, pero si el 80% de tus objetivos están ligados a controlar aspectos donde la herramienta principal es la sanción económica, el mensaje es claro”.
Delitos de gran impacto social y personal, como las agresiones sexuales o los robos con violencia, no tengan reflejo en un sistema diseñado para premiar la eficacia. Tampoco se incluyen en la valoración aspectos como la actuación en casos de violencia de género o la lucha contra la contaminación acústica, una queja recurrente en varios barrios.
La justificación institucional y el debate pendiente
El argumento oficial, defiende que estos parámetros buscan ordenar la convivencia en la vía pública y mejorar la seguridad vial, áreas que son competencia directa y diaria de la Policía Local. Se argumenta que la lucha contra los delitos graves (como los sexuales o los robos con violencia) corresponde también a otras fuerzas, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, con las que se colabora.
No obstante, el debate sobre si el sistema de incentivos está desalineado de las prioridades de seguridad reales está servido. Expertos en políticas públicas señalan que lo que se mide y recompensa es lo que, en la práctica, se prioriza. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿debe un sistema de productividad policial seguir ignorando los delitos que más han crecido y que generan una mayor alarma social?
Mientras, los agentes se ven en la disyuntiva de atender lo que se les exige para su remuneración variable y lo que la ciudadanía percibe como necesidades urgentes de seguridad. Un desfase que, según los datos, podría estar dejando áreas críticas sin la atención incentivada que necesitan.