La reciente aprobación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el casco histórico de Lugo se presenta como un hito inevitable y positivo, dictado por la ley estatal. Sin embargo, su implantación concreta y los detalles de su desarrollo plantean serias dudas sobre si la ciudad está ante una oportunidad bien planificada o ante un experimento urbanístico con altos costes sociales y económicos, cuyos beneficios ambientales podrían quedar en segundo plano ante la conflictividad generada.
Beneficios ambientales en entredicho: ¿solución a un problema que no es el principal?
El Ayuntamiento justifica la ZBE, en parte, por la mejora de la calidad del aire. No obstante, admite que Lugo ya cumple los criterios legales. Esto sitúa la medida más como un gesto de adhesión a una directiva estatal que como una respuesta a una necesidad sanitaria local. Si bien es innegable que reducir el tráfico contaminante es un objetivo loable, la estrategia elegida —centrada en la restricción y la sanción— ignora la realidad de una ciudad con una periferia extensa y un transporte público cuya eficacia y capilaridad los propios vecinos cuestionan.
La promesa de 35 km de carril bici, a cambio de la supresión de plazas de aparcamiento, ejemplifica este conflicto. Se fomenta una alternativa (la bicicleta) que, aunque saludable, tiene un uso estacional y limitado para una parte de la población, mientras se penaliza drásticamente otra (el vehículo privado) que para muchos es imprescindible. El riesgo es crear una «burbuja» peatonal en el centro, mientras se desplazan y agravan los problemas de tráfico y contaminación a los barrios limítrofes.
Impacto económico: comercio entre la espada y la pared
La ordenanza intenta proteger al comercio local con autorizaciones de acceso. Sin embargo, la experiencia en otras ciudades muestra que la percepción de dificultad para llegar y aparcar disuade a una clientela que, especialmente en una ciudad de tamaño medio como Lugo, suele llegar del área metropolitana en coche. El proyecto de logística sostenible es una nota positiva, pero insuficiente para contrarrestar el miedo a la pérdida de clientes.
La ZBE se percibe por parte de sectores clave como una imposición tecnocrática que prioriza un ideario genérico de sostenibilidad sobre la preservación práctica del patrimonio y la viabilidad diaria de los negocios. Las multas de 200 euros, tras la moratoria, actuarán como un disuasor potente, pero también como una losa para quienes, por despiste o necesidad, incumplan la norma.
Fractura social: movilidad como privilegio, no como derecho
El aspecto más crítico de la implantación es su impacto social. La medida afecta desproporcionadamente a las familias con menos recursos, que son las que suelen tener vehículos más antiguos y dependen de ellos para trabajos dispersos o en polígonos industriales mal conectados por transporte público. Las excepciones para residentes y comerciantes son un parche, no una solución estructural.
La promoción de trámites telemáticos para autorizaciones puede convertirse en una barrera invisible para personas mayores o con baja alfabetización digital, excluyéndolas de facto del espacio central de su propia ciudad. Las quejas ya mostradas en el pasado no son simple resistencia al cambio; son el síntoma de una planificación que ha fallado en escuchar y compensar a quienes soportarán los costes más altos de la transición. La falta de estudios de impacto social previos rigurosos es una negligencia que ahora pasa factura en forma de desconfianza ciudadana.
¿Hacia un Lugo más sostenible o más dividido?
Lugo tiene ante sí la oportunidad de modernizar su movilidad, pero la ZBE, tal como se ha diseñado, corre el riesgo de ser un corsé mal ajustado. La sostenibilidad no puede edificarse solo sobre la restricción y la sanción, sino sobre la creación de alternativas reales, eficaces y asequibles antes de limitar las opciones existentes. Se necesita una red de transporte público radicalmente mejorada, aparcamientos disuasorios bien conectados y una participación ciudadana genuina, no un mero trámite de alegaciones.
De lo contrario, la ZBE no será recordada como el proyecto que limpió el aire de Lugo, sino como el que enfrentó al centro con la periferia, a la administración con la ciudadanía, y que sacrificó la cohesión social y la vitalidad económica en el altar de un ecologismo de despacho. La transición ecológica es urgente, pero en una ciudad viva, debe ser justa, consensuada y, sobre todo, inteligente. Por ahora, el plan para Lugo suspende en esos criterios esenciales.